El pasado 28 de junio cada ciudadano de Santa Fe con el sobre recibio un arma y siete balas, en donde podia elegir en volver a asesinar a Pocho Lepratti y a 6 personas más, tuvieron la posibilidad de elegir, y eligieron volver a asesinarlo.

Quizá se hayan olvidado, como suele pasar en estos ultimos tiempos en donde la memoria esta comprometida a la rigidez del profundo olvido impuesto por algunos que solo persiguen intereses mezquinos.

La realidad es dolorosa, la ciudadania santafesina pudo elegir y fue soberana, fue soberana del asesinato y del crimen, votaron y eligieron, hicieron ganador a un asesino, a una persona que poco le importa la vida de la mayoria de los santafesinos.

Ciudadanos de Santa Fe, han vuelto a matar de un tiro a Pocho Lepratti que lo ultimaron por gritar a viva voz a policias desde una terraza “Hijos de puta no tiren que hay pibes comiendo”, lo han vuelto a matar, pero no en vida, sino lo mataron en muerte , lo que lo hace aun mas lamentable.

Quizá lo hicieron por miedo, quiza por bronca, quiza por desidia o desinterés , las excusas aumenta, pero la verdad irrenunciable indica que han apoyado a un criminal.

¿Querés matar al Pocho Lepratti?

Cuando cada santafesino vaya a votar en junio, recibirá un sobre, un arma y siete balas. Con ellos podrá volver a matar a siete muertos.
Osvaldo Bazán.

Graciela Acosta tenía 35 años, 7 hijos, un abismo de pobreza rodeándola en aquél diciembre de 2001 y la dignidad de ser militante de un movimiento social. Su pecho recibió una bala 9 mms. mientras buscaba desesperada a algunos de sus hijos, a 150 metros del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. La provincia de Santa Fe, a través de su policía, la mató y desmembró a su familia. Testigos y pericias confirman que el tiro que mató a Graciela fue hecho por el agente Luis Quiroz, condenado a once años de prisión.

Rubén Pereyra tenía 20 años y dos amores: su mujer, María y su hija Aldana. Lo que no tenía era plata. Cirujeaba cartones y vidrios. En aquél diciembre fue con otros a la autopista, se decía que venían camiones con comida. Pudo llevar a su casa un pedazo de carne y el lujo de los pañales. Lo mató la policía provincial cruzando un puentecito, llevando al hombro un cajón con comida según los testigos. Según el informe oficial no murió allí, sino a tres cuadras. Y a las balas reales, el informe policial agrega heridas de armas blancas que ningún testigo avala. El juez Osvaldo Barbero dictó falta de mérito y sobreseimiento de los ocho policías procesados.

Juan Delgado era albañil y esperaba el reparto de comida que habían prometido en el supermercado de Necochea y Pasco, en Rosario, en aquél diciembre. Fue una emboscada. En vez de comida apareció la policía disparando hacia todos lados. Juan cayó y la policía provincial se le vino encima. Lo remataron en el piso con una Itaka. Le sacaron seis perdigones del cuerpo y balas de goma. El juez Barbero resolvió el sobreseimiento de los 17 policías involucrados. Juan dejó huérfanos de padre a dos nenas, de 4 y 3 años y a un nene de uno.

Yanina García escuchó los disparos y fue corriendo a la puerta de su casa a buscar a su nena, Romina, de dos años. Romi estaba aterrada, decenas de policías tiraban a la gente y todos corrían y todos gritaban y Yanina recibió un tiro que le perforó el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Tenía 18 años. El juez Barbero reconoció que la mató una bala de la policía de la provincia de Santa Fe, pero no individualizó al autor y se dictó el sobreseimiento de los once policías indagados.

Ricardo Villalba estaba en Cabassa al 1700 en aquél diciembre, frente a un mercadito que no pudo resistir el saqueo del hambre. Ricardo tenía 16 años. Desde la vereda de enfrente le dispararon a la cabeza. Su cráneo estalló. No hay imputados en esta causa pese a que la comisión investigadora no gubernamental asegura que es evidente que fue uno de tres policías de la seccional 10° de la unidad regional 2.

Walter Campos tenía 15 años, tenía hambre y estaba en la cola de un reparto de comida, en Olivé y Cabal, en Rosario, en aquél diciembre. Lo corrió y lo mató Ángel Omar Iglesias, experto tirador de las Tropas de Operaciones Especiales, tropas de elite enviadas por la provincia a un simple reparto de comida. Le reventó el hipotálamo. El propio Iglesias lo contó, tal cual lo vio desde su mira telescópica. Iglesias fue sobreseido por el juzgado de instrucción y la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó el sobreseimiento.

El último de los siete es el Pocho Lepratti, ángel militante que ayudaba en la cocina de la escuela del barrio Los Flores, que subió al techo para exigirle a los policías de la provincia que no dispararan, que ahí sólo había pibes comiendo (como recuerda Gieco en su canción). Lo mató el agente Esteban Velázquez quien cuando fue increpado por los vecinos respondió: “Y bueno, nena, ¿para qué insultaba?”. Está condenado a 14 años de prisión.

Carlos Reutemann era el gobernador santafesino en aquel diciembre de 2001 y dice, en las raras ocasiones en que dice, dice “yo no fui”. “Yo no di la orden”.

No dice –como bien recordó David Narciso en la edición santafesina de este diario– que instaló la represión con balas a la protesta social. Que le dio poder de fuego contra los santafesinos a su secretario de Seguridad provincial, el agente de la side Enrique Álvarez.

El Juez Rubén Saurín, acusado de colgarse de los cables de la luz, decidió no reabrir la investigación sobre las responsabilidades políticas por los asesinatos de Graciela, Walter, Juan, Ricardo, Yanina, Rubén y el Pocho.

Según dijo el abogado Julio Pilo a Radio 2, Reutemann armó una Corte Suprema de Justicia provincial “con su primo Rafael Gutiérrez, su abogado personal Eduardo Spuler y su ex espada legislativa María Angélica Gastaldi” y “el 90 por ciento de los jueces y fiscales que atendieron las denuncias por la inundación de Santa Fe, por supuesto enriquecimiento ilícito o por olvidar su declaración jurada de bienes, ascendieron y sus abogados defensores hoy son jueces”.

Ese señor que no habla, que quiere ser presidente, pasa por las muertes, las inundaciones, las miserias y hace como que no se mancha.

En junio, cuando los santafesinos vayan a votar, tendrán un arma y siete balas. Si votan a Reutemann, serán los únicos responsables de volver a matar a los muertos.

Fuente: http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=21722

Voces de Resistencia

Se hizo justicia, solo esperemos que cumpla los 25 años completos de carcel.

Fallo histórico para el genocida Fujimori

La Justicia peruana concluyó que “El Chino” era responsable del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Desde Lima

Cuando se escuchó la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) hubo festejos, pero también amenazas con protestas en las calles de parte de los seguidores del ex dictador peruano. La sala de tres magistrados que procesó a Fujimori durante un año y cuatro meses concluyó que éste era responsable de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, y le impuso una condena de 25 años de prisión. De esta forma, Fujimori se convirtió en el primer presidente en la historia de Perú en ser sentenciado por un tribunal de Justicia. La condena fue calificada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como “un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”.

Descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión, Fujimori, de 70 años, podrá salir en libertad el diez de febrero de 2032. Para entonces tendría 93 años. Al haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, la leyes internacionales impiden que Fujimori pueda beneficiarse de un indulto o una amnistía, pero sí podría acogerse, eventualmente, a beneficios penitenciarios para reducir su condena a la mitad. El presidente del tribunal, César San Martín, señaló, durante la lectura de la sentencia, que estaba probada “más allá de toda duda razonable” la culpabilidad de Fujimori por haber ordenado el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

El tribunal estableció que Fujimori era responsable de los delitos de asesinato con alevosía, secuestro con agravantes y lesiones graves. La sentencia estableció que Fujimori había encabezado una organización criminal que desde el poder aplicó una política de guerra sucia contra la subversión armada, que fue ejecutada por el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina. Considerando los factores agravantes, señaló San Martín, se le impuso al acusado “la pena máxima”. El presidente del tribunal aclaró que se dictó una sentencia de 25 años y no de 30 como pedía la fiscalía, porque 25 años era la pena máxima permitida por las leyes peruanas cuando ocurrieron los crímenes por los que Fujimori fue condenado.

Durante las más de tres horas que duró la lectura de la condena, Fujimori permaneció sentado, tomando notas en un cuaderno, con la mirada clavada en sus apuntes, sin levantar en ningún momento la cabeza. Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los cuatro hijos del ex dictador y congresistas fujimoristas, seguían la audiencia en un estrecho ambiente separado de la sala judicial por un vidrio antibalas. Un cordón policial separaba a ambos grupos. Luego de que se leyera la sentencia, Fujimori se paró para hablar un par de minutos con su abogado, César Nakasaki, regresó a su sitio y se limitó a decir “interpongo recurso de nulidad”. La nulidad planteada por la defensa de Fujimori será examinada en reserva por un tribunal de cinco magistrados, que en cuatro o cinco meses deberá confirmar o modificar la sentencia. Esa decisión será definitiva.

Hasta el momento del envío de esta nota, el presidente Alan García no se había pronunciado sobre la condena a Fujimori. García ha sido duramente cuestionado por su acercamiento con el fujimorismo. Quien sí se pronunció fue el primer ministro, Yehude Simon. “El gobierno se ha mantenido al margen de este juicio. Todos deben respetar la sentencia. El Poder Judicial ha actuado como tenía que actuar”, fue su escueto comentario.

Visiblemente alterada, la congresista Keiko Fujimori, hija del sentenciado ex dictador, calificó la condena contra su padre como “un fallo lleno de odio y venganza”. “Los fujimoristas no nos quedaremos con los brazos cruzados, vamos a salir a las calles”, amenazó, en una breve declaración a la prensa a la salida del tribunal. Minutos después dio un discurso ante sus partidarios, reunidos en las afueras de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes), donde Fujimori está detenido, como el único preso del lugar, desde septiembre de 2007 y donde se instaló el tribunal que lo juzgó. Ahí volvió a atacar la sentencia contra su padre y a los jueces del tribunal que lo condenó, y también volvió a amenazar: “Se equivocan si creen que con esta sentencia nos van a debilitar. El fujimorismo seguirá avanzando”, dijo Keiko Fujimori, quien aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de 2011. A su lado estaba su hermano Kenyi, que permanecía en silencio, con el rostro desencajado.

En el otro lado, los familiares de las víctimas del gobierno fujimorista y los organismos de derechos humanos elogiaron la sentencia. “Por primera vez la Justicia peruana está a la altura de la historia en la lucha contra la impunidad. Se ha reivindicado a nuestros familiares asesinados porque la sentencia dice que no eran terroristas”, declaró una emocionada Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Grupo Colina. El fiscal José Antonio Peláez aseguró que la sentencia “es contundente y será muy difícil que pueda ser rebatida en la apelación”.

Mientras se leía la sentencia, en las afueras de la Dinoes hubo un enfrentamiento entre los partidarios de Fujimori y manifestantes que exigían justicia para las víctimas del gobierno fujimorista. Hubo un herido. Los fujimoristas, que llevaban remeras naranjas con las fotos de Alberto Fujimori y su hija Keiko, recibieron un duro golpe al escuchar la sentencia y comenzaron a gritar “Fujimori libertad” y “Keiko presidente”. No muy lejos, representantes de organizaciones sociales, juveniles, sindicatos y activistas de derechos humanos comenzaron a saltar y abrazarse cuando escucharon la sentencia, celebraron a los gritos de “culpable, culpable”.

Fuente: Pagina 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-122821-2009-04-08.html

Los abuelos de Laura dieron a conocer una carta que escribió su hija (Miriam Ovado) Madre de Laura, estando en cautiverio, en esa carta les escribía a sus padres pidiéndoles que cuiden de su hija, ella pensando que Laura estaría con sus abuelos, sin saber y querer Miriam se despedía de su hija aunque nunca supo su suerte ni donde la llevaron.

Hoy las Abuelas de Plaza de Mayo, la encontraron y hoy esta historia puede saldarse aunque las heridas nunca cierren al menos la verdad esta sobre la mesa y la memoria toma protagonismo, un protagonismo de reclamo, de lucha y resistencia.

La carta con una fuerte carga emocional, fue difundida por Radio Continental en el día de ayer.

“Queridos Mamá, Papá, Fabi…”

“Es hermoso y terriblemente difícil y triste a la vez para mí, después de tanto tiempo, tener la posibilidad de encontrarme frente a un papel y poder escribir, hablar, sentir y saber que de cierta forma u otra estar un poquito cerca de ustedes…”

“…Estén todo lo tranquilos que puedan. Cuiden y quieran mucho a la nena (creo que está con ustedes, por supuesto), ojalá sea ella quien reciba de ustedes ahora todo el cariño que yo no tuve porque en su momento no valoré como debí hacerlo. Hay que tener fe y por sobre todas las cosas saber que conservamos lo más importante: LA VIDA…”

“…Los quiero mucho, como siempre, más que siempre,. Rcuérdenme y quiéranme en mi hija, ella es quien sin saberlo, lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y quién más cerca mío estuvo durante este tiempo. La extraño, la necesito…Siento (hoy me doy cuenta como madre) todo lo que vos mamá sentís porque yo no estoy. No puedo escribir más, es difícil hacerlo sin ponerme demasiado triste y necesito estar fuerte, hoy más que nunca…”

Una muestra más del salvajismo del terrorismo de estado de los 70’s, una muestra mas de la intolerancia y del genocidio, una muestra mas de que los responsables de aquellos actos deben ser encarcelados y no tener el beneficio de la prisión domiciliaria, cadena perpetua y cárcel común para los asesinos y genocidas!.

Quedan cientos de niños robados más por encontrar, esos bebes que fueron robados de los brazos de sus padres y sus padres luego asesinados, esos bebes que hoy son hombres y mujeres y hoy viven sus vidas que en realidad no son vida, son mentiras, son ficticias y virtuales, ojala puedan encontrar a todos, solo asi podremos mantener la memoria y el recuerdo, para decir una vez más y bien fuerte, NUNCA MÁS!

Elena Quinteros a la edad de 21 años (año 1966) se recibe de maestra y comienza a ejercer, posteriormente se incorpora a la Federación Anarquista Uruguaya y a su vez milita activamente en la Resistencia Obrero-Estudiantil. En el 67 es detenida por primera vez pero es liberada rápidamente, ya en el 69 es detenida nuevamente y enviada a la cárcel en donde permanecería presa política hasta el 70. En el 75 participa en el acta fundacional del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en ese mismo año es destituida de su cargo por el gobierno militar de Uruguay.

Historia cronológica del secuestro y desaparición de Elena Quinteros.

El 26 de junio de 1976, Elena Quinteros es detenida y llevada al centro de torturas “300 Carlos”, dependiente de la División de Ejército I.

En la mañana del 28 de junio, se hace conducir a las cercanías de la Embajada de Venezuela con el ardid de “entregar” un contacto. Allí intenta fugarse corriendo, saltando el muro e ingresando a los jardines de la Embajada. Grita su nombre y pide asilo. El personal de la embajada busca socorrerla, pero los custodios la arrancan por la fuerza por policías y militares uruguayos, forcejeando con los funcionarios venezolanos y frente a la complicidad de los policías a cargo de la custodia de la Embajada. Con una pierna quebrada durante la lucha para introducirla a un automóvil, es llevada al Batallón de Infantería Nº 13, identificada con el Nº 2537 y sometida a torturas salvajes, según los testimonios de otros presos políticos allí detenidos.

El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Ramos, se comunica telefónicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo y denuncia el hecho al subsecretario Guido Michelín Salomón, puesto que el Ministro Juan Carlos Blanco no se encontraba en la sede ministerial. Inmediatamente el gobierno venezolano se hace eco formalmente de la protesta ante el secuestro de una mujer en su territorio.

El 3 de julio se reúne el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y decide no entregar a la “mujer”, lo que significa que la dictadura no está dispuesta a devolver viva a la maestra Elena Quinteros. Esta situación se convierte en un incidente diplomático de envergadura que finaliza con la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela el 5 de julio.

En octubre de 2002, el Juez Eduardo Cavalli encuentra al ex-Canciller Juan Carlos Blanco responsable en primera instancia por la desaparición de Elena Quinteros y lo procesa con prisión bajo el cargo de privación de libertad.

El 13 de mayo de 2008 la Escuela N° 181 de Primer Grado de Montevideo es designada por el Senado de la República con el nombre “Maestra Elena Quinteros”.

Esta historia como tantas otras que hemos escuchado, tiene que tener el grito de reclamo constante de justicia y verdad, por mas que la justicia de los gobiernos no populares esquiven constantemente el deseo de un pueblo, el reclamo de un pueblo de saber donde están lo que hoy extrañamos, donde están esas voces que fueron silenciadas por los intolerantes y los asesinos, pero esas voces que truenan en la inmensidad del silencio, esas voces de resistencia que no debemos dejar de escuchar, porque escuchando y manteniendo la memoria de esa manera están vivos dondequiera que se encuentre, si la justicia de los gobiernos no llega, nuestra justicia será la memoria.

Elena Quinteros